Calisto apela a la Suprema por desafuero, pero concentra su defensa en reabrir la investigación por fraude

El senador independiente Miguel Ángel Calisto apelará ante la Corte Suprema para revertir el segundo desafuero que le impuso la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la causa por delitos reiterados de fraude al Fisco que investiga el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien solicita 12 años de cárcel en su contra.

La defensa del parlamentario confirmó la apelación tras conocerse el fallo del tribunal de alzada de Puerto Montt, que acogió la solicitud de desafuero. Es el mismo camino que siguió cuando fue desaforado por la Corte de Coyhaique mientras ejercía como diputado.

Sin embargo, en el entorno del senador no hay mayores expectativas sobre ese recurso. El estándar para el desafuero se considera bajo y la Corte Suprema ya lo había desaforado por amplia mayoría en la misma causa cuando era diputado, con antecedentes que entonces se estimaron suficientes. Ahora, con una investigación más acabada y el reconocimiento de los hechos por parte de los otros imputados, la probabilidad de que el máximo tribunal revoque el fallo de Puerto Montt se evalúa como prácticamente nula.

Por eso los esfuerzos de la defensa se concentran en el recurso de apelación ingresado a fines de septiembre para revertir la resolución de la Corte de Apelaciones de Coyhaique que rechazó el amparo con que Calisto buscaba frenar el cierre de la investigación.

Esa acción, interpuesta por el penalista Nelson Salas, cuestiona el accionar del Juzgado de Garantía de Coyhaique, que dispuso el cierre de la causa sin que se le hubiera entregado copia de todos los antecedentes del expediente. Según la defensa, esa situación le impidió controvertir o contrastar ciertos elementos con diligencias alternativas o nuevas declaraciones.

Calisto y su abogado han sostenido que la Fiscalía puede llevar adelante todas las pesquisas que estime convenientes, pero que tienen derecho a recibir copia íntegra de todos los insumos incorporados en la carpeta, pues de lo contrario se afectarían sus garantías constitucionales.

El senador ha rechazado haber cometido delitos y ha insistido en que la investigación ha estado cargada de irregularidades, que no se le ha dado acceso a todos los antecedentes y que existiría animadversión en su contra.