Contraloría cuestiona licencias de conducir en Antofagasta: 70.425 exámenes aprobados en menos de un minuto
El Informe Final N°419 de 2026 revisó el período 2024-2025 en la Municipalidad de Antofagasta y halló además evaluaciones de familiares directos, licencias a deudores de pensiones…
La Municipalidad de Antofagasta otorgó licencias de conducir sobre la base de exámenes médicos y sensométricos que, en 70.661 casos, quedaron registrados con una duración inferior a un minuto. De ese total, 70.425 aparecían como aprobados, según el Informe Final N°419 de 2026 de la Contraloría Regional de Antofagasta, que fiscalizó el período entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Para el organismo fiscalizador, esos tiempos no permiten acreditar que las evaluaciones se hayan extendido lo suficiente para comprobar las condiciones físicas y sensoriales de los postulantes. En esa línea, el informe consigna 253 evaluaciones de visión y audición con una duración de cero segundos, mientras que otros procedimientos fluctuaron entre 0 y 59 segundos.
La auditoría también revisó las pruebas prácticas para licencias clase B y detectó 265 evaluaciones realizadas entre 2 y 24 minutos, pese a que la normativa exige una duración mínima superior. De ellas, 204 se efectuaron en solo 10 minutos. A esto se suma que el municipio entregó tres licencias clase D a postulantes que mantenían exámenes psicométricos reprobados.
El informe apunta a que al menos cuatro funcionarios municipales participaron en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos, entre ellos una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado, sin que se acreditara el cumplimiento del deber de abstención. Uno de esos funcionarios intervino como examinador en su propio proceso de obtención de licencia.
Además, 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por funcionarios que no acreditaron cumplir con los requisitos exigidos para desempeñarse como examinadores.
En cuanto a las restricciones legales, Contraloría detectó que la Municipalidad de Antofagasta entregó 402 licencias a personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos al momento de la emisión del documento, y otras 198 a personas que registraban condenas dentro de los cinco años anteriores a su solicitud.
A partir de estos hallazgos, el organismo fiscalizador instruirá un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Redacción propia a partir de información de La Tercera. Si encuentras un error, avísanos y lo corregimos.
