Condenan por cohecho a exabogado de la Municipalidad de Iquique en arista del caso LED

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó por cohecho agravado a Rubén Guisa Castro, exabogado del Departamento de Control de la Municipalidad de Iquique, por su participación en hechos de corrupción ocurridos entre 2017 y 2018 en el marco de la licitación para reponer el alumbrado público de la ciudad, en una arista del caso luminarias LED.

En la misma audiencia, el tribunal absolvió a Daniela Vargas Barbaric, quien se desempeñaba como encargada de licitaciones de la Secretaría de Planificación Comunal (Secoplac) del municipio.

Según el veredicto, en septiembre de 2018 Guisa Castro, en su rol en la unidad encargada de aprobar los procesos de adjudicación de la licitación, actuó de concierto con Gustavo Bernardo Proby Yun Kan, exfuncionario de la Secoplac, y tomó contacto telefónico con Cristian Luis Ureta Bravo, de la empresa Itelecom, para solicitarle un pago. El tribunal dio por acreditado que el acusado aprovechó que en su oficina estaban los antecedentes del decreto de adjudicación y dio a entender que la aprobación dependía de ese pago.

El fiscal Pablo Medina señaló que el tribunal estableció que el acusado ejecutó actos contra la probidad pública al aceptar recibir dinero por realizar actos con infracción a los deberes de su cargo.

La Fiscalía sustentó los hechos principalmente en conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación y en los testimonios de funcionarios de la PDI que participaron en las diligencias. En el juicio comparecieron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Iquique.

Con esta condena suman 15 las personas condenadas tras la investigación del Ministerio Público, entre ellas gerentes de las empresas Itelecom y ELEC, exconcejales de Iquique, otros funcionarios públicos y particulares.

La sentencia se conocerá el próximo 15 de octubre.

Esta arista se suma a la causa principal del caso luminarias LED, radicada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que espera fecha para juicio oral y abarca investigaciones en los municipios de Chillán, Negrete y Coyhaique, además del Ministerio de Energía. En el marco del caso, el Ministerio Público ha perseguido delitos de soborno, violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita y delitos tributarios, además de la responsabilidad penal de personas jurídicas. De los 21 acusados, 11 han sido condenados mediante procedimientos abreviados, entre ellos el holding Itelecom por su responsabilidad penal como persona jurídica.