Bianchi pide a la Casa Blanca remover al embajador Judd por condicionar respaldo en el Estrecho de Magallanes

El senador por la Región de Magallanes Karim Bianchi emplazó a la Casa Blanca a remover al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, después de que el diplomático condicionara el respaldo de su país al resguardo del Estrecho de Magallanes, paso cuya soberanía ha sido puesta en discusión por algunas autoridades argentinas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario independiente calificó el planteamiento como una falta de respeto total y descartó al embajador estadounidense como un interlocutor confiable en la materia. "Dice que se está haciendo un drama porque él está ofreciendo un apoyo, pero un apoyo que nadie le pidió", sostuvo.

Bianchi cuestionó lo que describió como un sentido casi de colonialismo de Estados Unidos hacia Chile y apuntó directamente a la administración estadounidense: "Yo espero que desde la Casa Blanca saquen a este personaje".

El senador agregó que Chile no requiere de un padrino que venga a defender sus intereses y afirmó que el país tiene soberanía y propiedad sobre el Estrecho, lo que, a su juicio, no admite discusión.

Más allá de la controversia diplomática, Bianchi planteó que la verdadera defensa de la soberanía no pasa únicamente por exhibir armamento militar en la frontera, sino por garantizar servicios básicos, especialistas médicos e infraestructura portuaria comercial capaz de aprovechar el desvío de buques provocado por las restricciones del Canal de Panamá. "Si queremos ganarnos el respeto y que nadie tenga dudas, entonces miremos al Estrecho de frente, no de espalda desde La Moneda de Santiago", puntualizó.

En su rol de presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, Bianchi también justificó su respaldo a la reforma constitucional de seguridad 2.0 impulsada en el Congreso. Explicó que su firma busca superar el estancamiento político y abrir paso a medidas penales de mayor impacto contra la delincuencia, con el objetivo de endurecer las penas de delitos que atentan contra la vida de funcionarios policiales y civiles, apuntando a una reforma de la Ley 18.216 de penas sustitutivas.