Valencia alerta por topes presupuestarios que exigen visación de la Dipres para gastos de la Fiscalía

El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó de "gravísimas" las restricciones de gasto que el Gobierno incorporó para el Ministerio Público en la Ley de Presupuestos 2027, durante el debate de la Partida 23. Las limitaciones alcanzan horas extraordinarias, viáticos y capacitaciones, y obligan al organismo a pedir autorizaciones constantes a la Dirección de Presupuestos (Dipres).

"Esto me parece gravísimo. Una de las herramientas más frecuentes que tienen los Gobiernos para intervenir en las decisiones que toman los Ministerios Públicos, a nivel regional, es el control presupuestario: el castigo presupuestario o el premio presupuestario", advirtió Valencia ante la instancia legisladora.

El fiscal nacional ejemplificó el riesgo con una situación hipotética: si necesita enviar fiscales a Colombia y no cuenta con recursos, tendría que acudir a la Dipres a solicitar autorización. "¿Cómo le explico si, por ejemplo, hay una investigación de lavado de activos y tengo prohibición expresa, incluso, hasta de hablar de la existencia de la investigación?", planteó.

El proyecto para la Partida 23 contempla un presupuesto total de 336,3 mil millones de pesos para el Ministerio Público. De ese monto, la ejecución general del organismo asciende a 331 mil millones, mientras que la Fiscalía Supraterritorial (Programa 02) recibe 5,2 mil millones.

La Glosa 01 del programa principal fija un tope de 681,8 millones de pesos en horas extraordinarias, un máximo de 848,9 millones para viáticos en territorio nacional y 146,9 millones para viáticos en el exterior. Para la Fiscalía Supraterritorial se asignan 26,2 millones en horas extras y 52,4 millones en viáticos nacionales.

El texto del Ejecutivo también establece un margen de 28,3 millones de pesos para capacitación y perfeccionamiento (Glosa 02) y un tope de 6.416 millones en convenios con personas naturales, para un máximo de 278 personas (Glosa 02).

Adicionalmente, el presupuesto asigna 7.119 millones de pesos para medidas de protección a víctimas y testigos, con la facultad del fiscal nacional de destinar extraordinariamente fiscales y funcionarios a la Macrozona Sur, y 12.937 millones para financiar los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) bajo el Plan FOCO.

Ante las objeciones del titular del Ministerio Público por la rigidez y la visación previa de estas partidas por parte de la Dipres, la Tercera Subcomisión de Presupuestos decidió congelar la votación de la partida institucional y enviarla en calidad de pendiente a la Comisión Especial Mixta.