Trump deja en suspenso las sanciones de la ley Graham y alega interés nacional
Una orden ejecutiva del presidente estadounidense congela temporalmente las penas contra entidades del Gobierno ruso, las restricciones financieras y los aranceles a productos de ese…
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en suspenso temporal la aplicación de la ley de sanciones contra Rusia que él mismo promulgó el 18 de septiembre, tras firmar una orden ejecutiva que invoca el interés nacional, según dio a conocer la Casa Blanca.
La norma lleva el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, y su objetivo es apretar las tuercas a la economía rusa y reducir los recursos financieros que alimentan la guerra en Ucrania.
La orden congela por ahora tres frentes: las sanciones contra personas y entidades ligadas al Gobierno ruso, las restricciones financieras y comerciales, y los aranceles que la ley fijaba para productos rusos y para los de ciertos países que compran hidrocarburos a Moscú.
El texto no deroga las sanciones que Washington ya había aplicado a Rusia por la vía de órdenes ejecutivas previas. Las exenciones se mantendrán hasta que Trump, o el secretario de Estado en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial, resuelvan tomar nuevas medidas. La orden también reparte entre varios departamentos la aplicación de las disposiciones que siguen vigentes.
La firma ocurre luego de que Washington autorizara de forma temporal las operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación, pese a las sanciones contra Moscú.
El 9 de octubre, Trump dijo que había acordado con su par ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel para los mercados internacionales, con el fin de aliviar los precios de la energía y los combustibles. Según el mandatario republicano, Rusia entregaría primero más de 300.000 toneladas y después cantidades adicionales, en parte condicionadas al estado de sus refinerías.
Legisladores de ambos partidos han criticado ese acuerdo. Quienes lo rechazan sostienen que los ingresos por la venta de combustible ruso podrían ayudar a financiar la guerra contra Ucrania y ponen en duda su compatibilidad con la legislación estadounidense, mientras la Administración defiende la necesidad de contener los costos de la energía.
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