Justicia fija para el viernes audiencia por escuchas a abogado en caso Imperio Ámsterdam

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el viernes 9 de octubre la audiencia en que resolverá los incidentes de nulidad presentados por las defensas de cinco imputados en el caso Imperio Ámsterdam, quienes piden declarar ilegales las interceptaciones telefónicas ordenadas por el Ministerio Público.

Los abogados de Andrés y Mario Astorga, representantes del Dispensario Nacional, junto a los de Matías Landerer, Camilo Huerta y Cristóbal Risco, sostienen que la Fiscalía que dirige el fiscal regional Hernán Libedinsky intervino de manera irregular el teléfono de Hernán Bocaz, abogado de la corporación, y solicitan excluir las escuchas derivadas de esa diligencia.

Según las defensas, los investigadores no aportaron los antecedentes ni argumentos que la ley exige para autorizar la interceptación, por lo que el tribunal capitalino deberá determinar si la medida respetó o no el debido proceso.

La abogada Rocío Berríos, que encabeza la defensa de Landerer, valoró la rapidez con que se agendó la audiencia. "No había antecedente alguno que justificara la interceptación telefónica al abogado Hernán Bocaz", afirmó, y agregó que la única explicación que encuentran es que se trató de "una maniobra deliberada destinada a espiar la estrategia de la defensa". Berríos pidió al tribunal anular esas actuaciones y adoptar medidas para resguardar el derecho de los imputados a comunicarse libre y privadamente con su abogado, garantía que —dijo— está consagrada en la Constitución y en los tratados internacionales.

La Fiscalía, representada por la fiscal Natalia Cumming, presentó días antes de la fijación de la audiencia un informe en el que controvierte esas acusaciones. El Ministerio Público afirma que nunca ocultó al tribunal que autorizó la escucha que Bocaz era abogado y que el escrito consignaba que el profesional estaba vinculado a Andrés Astorga, realizaba trabajos propios de su profesión en beneficio de los investigados y mantenía conocimiento de situaciones relacionadas con traslados y asesorías de la organización.

"No resulta efectivo sostener que el Ministerio Público haya sustraído u ocultado al órgano jurisdiccional un antecedente cuya existencia se encontraba precisamente consignada en la documentación sometida a su conocimiento", señaló la persecutora. Cumming añadió que la solicitud estuvo debidamente fundamentada, ya que existían antecedentes investigativos previos a la intervención del teléfono, provenientes de una fuente autónoma, incorporados a la petición y sometidos al control del tribunal.