INDH pide a tres organismos explicar cómo operaba la residencia siniestrada de Pitrufquén
Tras el incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos, el instituto reclamó a Senama, la Seremi de Salud de La Araucanía y el municipio los antecedentes del recinto y de los hogares…
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) envió oficios al Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), a la Seremi de Salud de La Araucanía y a la Municipalidad de Pitrufquén para reconstruir cómo funcionaba la residencia de larga estadía donde un incendio provocó la muerte de 16 adultos mayores.
El objetivo declarado por el organismo es reunir antecedentes administrativos, sanitarios y municipales del recinto siniestrado y establecer si hubo vulneraciones a los derechos fundamentales de los residentes.
El jefe regional del INDH en La Araucanía, Federico Aguirre, afirmó que la tragedia expone el abandono que afecta a muchas personas mayores, sobre quienes el Estado debe garantizar condiciones de vida digna.
A su juicio, el caso también muestra que numerosas residencias de cuidado operan completamente al margen de la legalidad.
Al Senama el instituto le solicitó un catastro de las residencias que funcionan sin autorización sanitaria en la región, junto con el detalle de denuncias y medidas aplicadas entre 2024 y 2026.
También preguntó si el servicio tenía registros o denuncias de irregularidades asociadas a la residencia de Pitrufquén y qué medidas de contención y reubicación se adoptaron con los sobrevivientes.
De la Seremi de Salud el INDH requiere saber si el establecimiento contaba con resolución sanitaria vigente, cuál es el historial de fiscalizaciones del inmueble y cuántos sumarios sanitarios se iniciaron entre 2024 y 2026 contra hogares de ancianos en la zona.
En el caso del municipio, la solicitud apunta a si existía conocimiento previo de anomalías en el funcionamiento de este Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).
El instituto pidió copias de oficios, alertas vecinales o denuncias tramitadas, con sus fechas y las medidas que adoptó el gobierno comunal. Además, consultó si la residencia recibía subvenciones o aportes económicos municipales, si tenía convenios con la Oficina de Adulto Mayor y si inspectores locales fiscalizaron alguna vez el pago o la posesión de patente comercial.
El INDH recordó que en su Informe Anual de 2018 recomendó al Estado implementar con urgencia un plan para detectar establecimientos de larga estadía ilegales, sancionar los abusos y favorecer la regularización de aquellos que garanticen condiciones dignas.
Esa recomendación se sustenta en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en 2017.
Redacción propia a partir de información de Cooperativa. Si encuentras un error, avísanos y lo corregimos.
