Tohá y Cordero alertan que el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza debilita la certeza para las policías

Los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero afirmaron que el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) despachado por el Congreso contiene "problemas graves" que reducen la certeza que la regulación debe dar a las policías, a los ciudadanos y a los organismos de control. La advertencia la formularon en una columna titulada "Reglas de uso de la fuerza", publicada por El Mercurio.

Ambos coincidieron en que estas normas deben tener rango legal y no quedar sujetas a una circular administrativa. "Que esas reglas tengan rango legal y no sean una simple circular administrativa, es una necesidad que compartimos, porque da certeza a las policías, a las personas y al sistema de controles, pero, lamentablemente, el texto aprobado tiene problemas graves que erosionan esa certeza", escribieron.

El primer reparo se refiere a la supresión del principio de proporcionalidad, del que solo permaneció el de racionalidad. Según los autores, ambos criterios cumplen funciones diferentes: la proporcionalidad exige simetría de medios, es decir, utilizar el medio idóneo y menos lesivo para el fin legítimo, mientras que la racionalidad apunta a evaluar el contexto al momento de decidir cómo actuar. Limitar la regulación a este último criterio, advirtieron, obliga al funcionario a resolver caso a caso y genera incertidumbre.

Tohá y Cordero agregaron que la proporcionalidad es una exigencia constitucional cuando una medida afecta derechos y recordaron que en diciembre de 2021 el Congreso la incorporó como mandato general de la función policial en las leyes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Los exministros también objetaron que el proyecto admita el uso de armas potencialmente letales para impedir una fuga o asegurar el cumplimiento de una orden judicial, sin exigir de manera expresa una evaluación del peligro o de la afectación que se busca evitar. "¿Es admisible la fuerza letal cuando esa fuga no pone en riesgo la vida ni la integridad de nadie o cuando se trata del cumplimiento de orden judicial de baja relevancia?", preguntaron.

El segundo cuestionamiento apunta a la ampliación de la presunción de legítima defensa de la Ley Naín-Retamal. Esa norma contempla la presunción a favor de las fuerzas de orden y seguridad cuando emplean la fuerza ante amenazas a la vida o la integridad, mientras que el nuevo texto la extiende a cualquier actuación realizada en cumplimiento del deber. Los autores criticaron además la eliminación de las referencias a reglamentos que reconocían distintas hipótesis de actuación.