Fiscalía formaliza a presunto líder de red de cambiazo de tarjetas y tribunal decreta prisión preventiva
La investigación de la Bridec y la Fiscalía de Iquique vincula al imputado, un hombre peruano de 54 años, con al menos cuatro denuncias por cambiazo de tarjetas en cajeros de Iquique y…
La Fiscalía Local de Iquique formalizó por asociación delictiva y cuatro delitos de uso no autorizado de tarjetas de pago ajenas a un hombre peruano de 54 años, señalado como presunto líder de una organización que operaba con el cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos de Iquique y Alto Hospicio. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva del imputado.
La investigación, a cargo de esa fiscalía y de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, permitió vincular al imputado con al menos cuatro denuncias presentadas entre enero y abril de este año.
La abogada asistente de la Fiscalía, Kelly Pérez, describió el modo de operar del grupo: abordaban a personas de entre 40 y 80 años mientras hacían trámites en cajeros automáticos. El imputado se acercaba con la excusa de ayudar ante supuestos problemas con las tarjetas y en ese momento las intercambiaba por otras, mientras el resto de los integrantes observaba las claves de seguridad de las víctimas. Con esos datos realizaban después giros de dinero y compras no autorizadas.
El análisis de cámaras de seguridad y otras diligencias permitió a los detectives identificar al presunto líder como Víctor Delfín Loza Oyola, quien mantiene dos expulsiones administrativas vigentes del país. La investigación también estableció que había sido mencionado en medios de comunicación de Perú y Bolivia por hechos similares, países donde también habría sido detenido.
La PDI concretó la detención el jueves 8 de octubre durante un control de identidad. En esa instancia el imputado intentó ocultar su identidad y escapar de los detectives. Entre sus pertenencias los funcionarios encontraron $456.100 en efectivo y nueve tarjetas bancarias, la mayoría con los nombres de sus titulares borrados. Una de esas tarjetas estaba vinculada a una denuncia por un delito similar ocurrido en un cajero automático de una estación del Metro de Santiago.
El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días, periodo en el que continuarán las diligencias para identificar a los demás integrantes de la organización.
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