Prisión preventiva para imputado por la muerte del sargento Jaime Urrea en Quilleco

El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó prisión preventiva para Mauricio Humberto Cerda Albornoz, imputado por la muerte del sargento segundo de Carabineros Jaime Ariel Urrea Burgos, ocurrida el domingo 4 de octubre en Quilleco, Región del Biobío.

En la audiencia, encabezada por la magistrada Claudia Aguilera, el Ministerio Público formalizó al acusado por homicidio de carabinero en servicio, con la calificante de alevosía. La Fiscalía y el Ministerio de Seguridad, querellante en la causa, pidieron la medida cautelar más gravosa al sostener que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según los antecedentes expuestos por el ente persecutor, los hechos comenzaron alrededor de las 23.10 horas del domingo, cuando funcionarios policiales acudieron a un domicilio de Quilleco tras una denuncia por violencia psicológica en un episodio de violencia intrafamiliar.

En la audiencia se presentó un audio de uno de los hijos del imputado, correspondiente a un segundo llamado, en el que relata parte de lo sucedido: “Estaba mi hermana aquí, mi hermana se fue por lo mismo, y empezó a dar más peleas, más peleas, más peleas. Sí, me gustaría que la verdad se lo lleven porque está amenazando todo el rato que su vida se acabó, que su vida se acabó”.

Al llegar al inmueble, los uniformados tomaron contacto con Cerda Albornoz, quien se encontraba encerrado en uno de los dormitorios. De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el imputado abrió repentinamente la puerta, salió de la habitación y disparó con una escopeta contra el sargento segundo Urrea Burgos.

El funcionario sufrió una herida penetrante torácica que le provocó la muerte momentos después, pese a recibir atención médica. La víctima tenía 40 años y 18 años de servicio en Carabineros, y pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la Primera Comisaría de Los Ángeles.

Tras escuchar los antecedentes, el tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación, período en que el Ministerio Público deberá continuar las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen.