Presupuesto 2027 incorpora financiamiento para las capellanías de La Moneda
La partida de la Segpres autoriza pagar la asistencia religiosa del Palacio con cargo a gastos en personal, en un cambio respecto de las glosas de años anteriores.

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 incorpora una autorización específica para financiar la asistencia religiosa que prestan las capellanías del Palacio de La Moneda, un cambio respecto de las glosas de años anteriores, según lo establecido en la partida 22 correspondiente a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
El texto detalla que con cargo a los recursos de gasto de personal del ministerio "se podrá financiar los servicios de asistencia religiosa prestada por las capellanías del Palacio de La Moneda". El Palacio cuenta con tres capellanías: una de la Iglesia Católica, otra Evangélica y una judía.
Los recursos quedan incorporados en la glosa 03, de "gastos en personal", por unos $8.744.689.000. El mensaje no incluye detalles específicos sobre cómo se usarán esos fondos ni si ello implica un servicio nuevo o el financiamiento de personal que preste ceremonias religiosas.
Consultada por La Tercera, la Segpres explicó que "la incorporación de este ítem responde a la necesidad de que la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), dependiente de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Segpres, pueda apoyar y coordinar administrativamente el funcionamiento de las capellanías y los servicios de asistencia religiosa del Palacio de La Moneda, en atención a lo dispuesto por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° D257N26".
El ministerio agregó que "en concreto, se busca establecer procedimientos objetivos y trazables para la coordinación de estas actividades, incluyendo su programación, revisión de antecedentes, disponibilidad de espacios, condiciones de seguridad y registro administrativo, dentro del ámbito de competencias de la ONAR".
La cartera está liderada por el ministro José García Ruminot (RN) y aloja a la ONAR, entidad a cargo de las relaciones institucionales del gobierno con las diversas religiones.
Hasta ahora, la obligación vigente era presentar "un informe consolidado que contenga un detalle de las actividades o acciones ejecutadas o encomendadas por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (...), especificando los gastos en personal, en estudios e investigaciones y en difusión que en cada caso corresponda".
El cambio se propone en un contexto en que la Segpres disminuye su presupuesto en un 1% comparado con el de 2026.
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