Justicia ratifica millonaria indemnización para la familia de Sergio Mardoff tras años de error forense

La Corte de Apelaciones de Concepción ratificó de forma unánime la sentencia que obliga al fisco a pagar $300.000.000 por daño moral a los padres y hermanos de Sergio Mardoff Peirano, el estudiante de artes visuales de la Universidad de Concepción cuyos restos permanecieron sin identificar durante tres años en el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción.

La Cuarta Sala del tribunal de alzada, integrada por las ministras Carola Rivas y María Alejandra Ceroni y el ministro Rodrigo Cortés, confirmó el fallo del 2° Juzgado Civil de Concepción que estableció la falta de servicio del Ministerio Público y del SML por no realizar las diligencias de cotejo que habrían permitido identificar el cuerpo.

Mardoff Peirano tenía 25 años cuando se perdió su rastro el 30 de marzo de 2005 en el sector El Recodo de San Pedro de la Paz. Sus restos fueron hallados el 6 de abril de 2015 en el kilómetro 37 del camino a Santa Juana, a orillas del río Biobío.

La familia conoció del hallazgo recién a mediados de 2018, cuando una llamada anónima alertó sobre la permanencia de los restos en la morgue penquista. Sus padres acudieron al SML y corroboraron que las ropas coincidían con las que vestía el joven al momento de su desaparición. Los exámenes de rigor pusieron fin a 13 años de incertidumbre y búsqueda.

El fallo señala que tras el hallazgo de las osamentas no se impartieron órdenes ni se efectuaron diligencias investigativas para esclarecer la identidad de los restos óseos, no se citó a declarar a los testigos que participaron en el hallazgo y solo se remitieron los restos y ciertas especies accesorias al SML de Concepción, sin enviar la totalidad de las especies encontradas, las que fueron solicitadas por el servicio mediante oficio mientras se redactaba el informe médico legal.

El tribunal estableció además que, después de que el SML de Concepción evacuara su informe el 9 de septiembre de 2015, cinco meses después del hallazgo, el Ministerio Público decidió archivar provisionalmente la investigación, estado que se mantuvo hasta que los familiares comparecieron personalmente al SML, motivados por la llamada anónima.

Entre septiembre de 2015 y octubre de 2018, según la sentencia, el actuar del Ministerio Público se limitó a la intención de inhumar los restos óseos e inscribirlos como NN, con el correspondiente certificado de defunción, sin realizar diligencias investigativas para identificarlos.