Justicia acoge querella que pone en duda el origen de la Operación Imperio Ámsterdam

El Juzgado de Garantía de Coyhaique declaró admisible una querella que sostiene que la Operación Imperio Ámsterdam se originó en un informe policial con antecedentes falsos. La acción apunta a funcionarios de la sección especializada de Carabineros y a la fiscalía regional de Aysén por el delito de falsificación de instrumento público cometido por empleado público.

El querellante es William Vásquez Martínez, quien encabeza la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia. Según su versión, en agosto de 2024 acudió por iniciativa propia al OS-7 de Carabineros de Aysén para hacer consultas administrativas sobre el funcionamiento de su dispensario, los contactos con entidades públicas y el marco legal para abastecerse de flores de cáñamo a través de la empresa Má Botanics.

La defensa afirma que ese encuentro no fue una denuncia ni una autodenuncia, y que tampoco entregó antecedentes delictivos propios ni de terceros. Días después, según la misma versión, personal policial envió a la Fiscalía Local de Coyhaique el Oficio Reservado número 311, firmado por dos funcionarios, en el que se consignó que Vásquez había denunciado infracciones a la Ley 20.000 y se le atribuyó haber señalado que adquiría sustancias para cultivarlas.

El afectado rechaza esas afirmaciones.

Ese oficio fue la base para que el Ministerio Público iniciara la causa que derivó en la Operación Imperio Ámsterdam, en la que se pidieron escuchas telefónicas, vigilancias y seguimientos contra Vásquez y su círculo cercano.

Con esas diligencias se gestionaron ante los tribunales órdenes de entrada, registro, incautaciones y detenciones masivas en distintas zonas del país, entre ellas la del rostro televisivo Camilo Huerta.

La admisibilidad de la querella complica a la fiscalía regional de Aysén, que encabeza Hernán Libedinsky, ya que esa misma repartición recibió el documento inicial, validó los antecedentes y dirigió las actuaciones ahora cuestionadas.

La defensa pidió que se tome declaración como imputados a los funcionarios firmantes del oficio, que se entregue la nómina completa de intervinientes con acceso a la carpeta investigativa y que se haga una auditoría técnica al Sistema de Apoyo a los Fiscales y a plataformas policiales.

La definición quedó en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia, a quien se solicitó designar a un fiscal regional de otra zona para asumir la causa con independencia.