Presupuesto 2027: Gendarmería pasa a Seguridad y el plan contra el crimen organizado cambia de nombre
El primer presupuesto de seguridad del gobierno de José Antonio Kast destina más de tres billones de pesos al sector, con un alza del 7% y una fuerte reasignación de recursos entre…
El Ministerio de Seguridad, que encabeza Martín Arrau, contará en 2027 con 3.488.921.688.000 pesos, un 7% más que en 2026, según el primer Presupuesto que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó la semana pasada. De esa partida dependen las subsecretarías de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, Carabineros, la PDI y la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
La mayor novedad institucional es la llegada de Gendarmería, que dejó el Ministerio de Justicia para sumarse a Seguridad.
En la Subsecretaría de Seguridad Pública, a cargo de Pilar Giannini, el Plan Calles sin Violencia se reformula y adopta el nombre de Plan Foco, con cambios en su operación, aunque conserva sus 13.679 millones de pesos. A esos recursos se agregan otros 12 mil millones para los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.
El Plan Nacional Contra el Crimen Organizado del gobierno del expresidente Gabriel Boric pasa a llamarse Programa Contra el Crimen Organizado. En esa partida, Carabineros registra una caída de 8.357.714.000 pesos, equivalente a un 17%, mientras la PDI anota un alza del 112,5%, con más de 39 mil millones transferidos a la policía civil.
La Subsecretaría de Prevención del Delito, que dirige Gonzalo Guerrero, sube un 2,9% respecto de 2026. Allí se elimina el Plan Calle Segura y surgen nuevas iniciativas: el gobierno sostiene que esos recursos, que aumentan, se disgregan en programas más focalizados. Se separan más de mil millones de pesos para el Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SiTia) creado por Boric y se crean el Sistema de Televigilancia (STV), el Programa de Seguridad Rural y el Plan Escudo de Barrio.
Entre las bajas figuran el programa Denuncia Seguro, con una caída del 42% que el Ejecutivo atribuye a que se dejó de pagar el arriendo del edificio, y el programa de Atención a Víctimas, que disminuye por el traspaso de funcionarios.
Redacción propia a partir de información de La Tercera. Si encuentras un error, avísanos y lo corregimos.
