Rector de la Finis Terrae pide revisar la distribución del presupuesto 2027 para la educación superior

El rector de la Universidad Finis Terrae y director de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), Juan Eduardo Vargas, pidió que la Ley de Presupuesto 2027 revise la forma en que se distribuyen los recursos para la educación superior, en lugar de centrar el debate en una eventual reducción del gasto. El Ministerio de Educación presentará la propuesta este miércoles.

Vargas, que fue subsecretario de Educación Superior en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sostuvo que un escenario de ajuste es razonable, pero que esa misma razón obliga a corregir la distribución. «Entendemos que haya que apretarse el cinturón y que eventualmente educación superior pueda mostrar incluso un presupuesto menor. Lo que planteamos es que con mayor razón debería revisarse la manera en la que se distribuye ese presupuesto», dijo.

El rector afirmó que los aportes a las universidades privadas son «muy pequeños en comparación con los aportes basales a las universidades tradicionales» y que en la administración anterior hubo un trato «peyorativo o discriminatorio» hacia ese sector, atribuido a una visión ideológica según la cual las privadas no constituían un verdadero aporte al sistema.

Como ejemplo, señaló que justo antes de dejar el gobierno, la administración anterior redujo en $2.500 millones el Fondo de Desarrollo Institucional en la línea dirigida a las instituciones privadas.

Vargas precisó que su petición no apunta a los fondos basales, al aporte fiscal directo, al basal por desempeño ni al aporte institucional a las universidades del Estado. «Estamos pidiendo que aquellas partidas que históricamente supusieron un aporte marginal, pero aporte a las universidades privadas, se mantengan», explicó.

Consultado por las instituciones que, a su juicio, fueron privilegiadas por el gobierno anterior, el director de la CUP mencionó a las universidades estatales y a las del G9, entre ellas las universidades Católicas y de Concepción, que reciben aportes directos. Añadió que entiende un trato privilegiado del Estado hacia las universidades estatales, pero consideró discutible que universidades privadas como las del G9 tengan un trato distinto al de otras universidades privadas.

Las universidades privadas agrupadas en la CUP comparten la preocupación por el presupuesto 2027 que también han expresado las instituciones del Consejo de Rectoras y Rectores (Cruch), aunque con un foco distinto: mientras el Cruch ha advertido por la reducción de recursos, el sector privado no tradicional apunta a una mejor distribución de los fondos que finalmente se destinen a la educación superior.