Irací Hassler demanda al Fisco y a Contraloría para anular el sumario por la fallida compra de Sierra Bella

La diputada comunista Irací Hassler presentó una demanda de nulidad de derecho público contra el Fisco y la Contraloría General de la República para dejar sin efecto la resolución que la responsabilizó administrativamente por la fallida compraventa de la exclínica Sierra Bella, cuando ejercía como alcaldesa de Santiago.

La acción, patrocinada por el abogado Leonardo Cofré, fue ingresada ante el 7° Juzgado Civil de Santiago y tiene 33 páginas, según informó La Tercera. En el escrito, la congresista pide anular la resolución exenta del 14 de mayo pasado mediante la cual el organismo que dirige la contralora Dorothy Pérez estableció su responsabilidad en la operación, aunque no le impuso medidas disciplinarias.

Hassler sostiene que esa resolución contiene fundamentos, conclusiones y decisiones contrarios al ordenamiento jurídico, con graves vicios de ilegalidad que justifican declarar su nulidad.

El sumario concluyó que la entonces jefa comunal infringió el principio de probidad administrativa al suscribir el decreto alcaldicio N°810, del 20 de enero de 2023, que autorizó la compra de los inmuebles de calle Sierra Bella N°1.181 y Ventura Lavalle N°431 por $8.248.886.210. Según Contraloría, la vendedora había adquirido esas propiedades unos seis meses antes por $2.231.855.090, sin que se adoptaran medidas suficientes para justificar la diferencia y sin que el acto administrativo pasara por el control de legalidad y visado de la Dirección de Control del municipio.

Antes de esa resolución, a Hassler se le habían formulado tres cargos: no velar por el uso eficiente e idóneo de los recursos municipales, suscribir el decreto de adquisición sin el control previo de la Dirección de Control y otorgar un mandato especial amplio al abogado externo Pablo Casanueva para concretar la operación.

En su demanda, la diputada argumenta que Contraloría excedió sus atribuciones al establecer responsabilidades por hechos que ya fueron conocidos en sede penal. También afirma que la diferencia de precio entre lo que pagaría el municipio y lo que desembolsó inicialmente el oferente no puede considerarse por sí sola una infracción.

La congresista añade que antes de aprobarse la adquisición se solicitaron tres tasaciones comerciales a profesionales independientes, además de los antecedentes de avalúo fiscal y el estudio de títulos.