Fiscalía formaliza a 19 integrantes de una célula del PCC y nueve quedan en prisión preventiva
La audiencia reservada se extendió entre el 1 y el 4 de octubre en la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Los otros diez imputados ya estaban privados de libertad por otras causas.

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur formalizó por asociación criminal y asociación ilícita para el narcotráfico a 19 personas que integraban una célula del Primeiro Comando da Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil. La audiencia, de carácter reservado, se extendió entre el 1 y el 4 de octubre.
De los imputados, nueve quedaron en prisión preventiva. Los diez restantes ya estaban privados de libertad por medidas cautelares o condenas dictadas en otros procesos.
El PCC no aparecía entre las 16 organizaciones delictivas transnacionales que la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) de la Fiscalía Nacional identificó operando en el país en el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, difundido en octubre del año pasado. Ese mismo documento señalaba que en territorio chileno se detectan organizaciones vinculadas al PCC y al Comando Vermelho, ambas brasileñas, dedicadas al tráfico de cocaína desde Bolivia y Paraguay.
En mayo de este año, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó al PCC y al Comando Vermelho como terroristas globales especialmente designados (SDGT). En un documento enviado por la Casa Blanca al Congreso estadounidense y conocido en septiembre, el gobierno de Donald Trump sostuvo que "estas organizaciones terroristas brasileñas representan una amenaza creciente para la paz y la seguridad en todo el mundo, y el gobierno brasileño necesita urgentemente tomar medidas enérgicas para enfrentarlas y derrotarlas antes de que se extiendan y crezcan". En Brasil admiten la posibilidad de que Estados Unidos emplee fuerzas militares en su territorio en acciones contra la banda.
El PCC nació tras el motín en la desaparecida cárcel de Carandiru, en Sao Paulo, en octubre de 1992, que terminó con una intervención policial y 111 reos muertos. Desde las prisiones se consolidó como una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas del continente, con presencia en mercados ilícitos que sus integrantes llaman "sintonías", entre ellos el contrabando y el tráfico de drogas, además de homicidios, robos violentos y secuestros.
Su estatuto contempla bautismos, fichas de miembros, adoctrinamiento y catastro, registrados en el llamado "Libro blanco". Un "Libro negro" reúne a exmiembros, sobre quienes la organización puede decretar la muerte.
En 2022, el Ministerio Público recibió de Carabineros uno de los primeros informes que detectaba vínculos entre delincuentes chilenos e integrantes de la organización.
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