INDH a siete años del 18-O: más de 12 mil denuncias por violencia institucional y solo 219 condenas
El instituto sostiene que el Estado mantiene una deuda en verdad, justicia, reparación y no repetición. Fiscalía registra más de 35 mil delitos y 464 víctimas de trauma ocular durante…
A casi siete años del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) advirtió que el Estado de Chile mantiene una deuda pendiente en verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición. Su director, Yerko Ljubetic, afirmó que las obligaciones en derechos humanos son ineludibles y que los avances en esas materias siguen siendo insuficientes.
Las cifras de Fiscalía sobre las manifestaciones del 18-O consignan más de 35 mil delitos, casi 22 mil imputados conocidos y más de 20 mil víctimas. El ilícito más frecuente fue la violencia institucional ejercida por agentes del Estado, con un 34,1%, seguido por saqueos y delitos contra la propiedad (31,7%) y desórdenes públicos (22,7%).
En materia de trauma ocular, el registro contabiliza 464 víctimas, de las cuales 230 sufrieron algún grado de pérdida visual y dos quedaron con ceguera total bilateral.
El INDH subrayó además que se presentaron más de 12 mil denuncias por violencia institucional y que solo 219 terminaron con una sentencia condenatoria. La mayoría de esos casos fue archivada, sobreseída o no perseveró, lo que para Ljubetic explica la baja tasa de resultados para establecer responsabilidades.
El director del instituto añadió que las insuficiencias en reparación afectan especialmente la dimensión de salud de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que en garantías de no repetición lo ocurrido apunta en la dirección contraria.
En el plano político, el Gobierno informó que no realizará un acto oficial de conmemoración. Los partidos del oficialismo, en cambio, firmaron el viernes el documento "Chile sin violencia, un compromiso con la paz", en rechazo a la violencia y el vandalismo registrados en el período.
El diputado de Evópoli Tomás Kast sostuvo que "nos quisieron hacer creer que la violencia era necesaria para conseguir cambios sociales" y que ninguna demanda social, por legítima que sea, lo justifica. "Tenemos la responsabilidad de recordar lo ocurrido, sacar lecciones para el futuro y asegurarnos de que Chile nunca más vuelva a vivir algo semejante", agregó.
Desde la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva consideró importante "condenar y repudiar todos los actos de violencia y delitos que se cometieron amparándose de las movilizaciones".
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