Justicia neoyorquina frena el registro público del impuesto a las segundas viviendas de lujo
El magistrado Wayne Ozzi acogió los argumentos de tres propietarios que recibieron notificaciones pese a vivir en sus casas y ordenó al Departamento de Finanzas reemplazar el listado de…

Un revés judicial sufrió la implementación del impuesto neoyorquino a las segundas residencias de lujo. El magistrado Wayne Ozzi, de Staten Island, resolvió que la Administración de Zohran Mamdani deberá rehacer el proceso y retirar de la web del Departamento de Finanzas (DOF) el registro que exponía datos de más de 900.000 propiedades potencialmente afectas al gravamen.
La causa la iniciaron en agosto tres dueños de inmuebles que recibieron cartas de la ciudad informándoles que sus viviendas quedaban sujetas al tributo, aunque en la práctica eran sus residencias principales. En el fallo, Ozzi calificó esas comunicaciones como "arbitrarias y caprichosas" y sostuvo que vulneran el derecho de los demandantes a un proceso con las debidas garantías.
El juez fue más allá y apuntó al método elegido por la administración municipal: a su juicio, los propietarios están siendo perjudicados y penalizados de manera innecesaria por la forma en que se aplicó la ley. Por eso ordenó sustituir la lista publicada por otra que incluya solo a quienes realmente deban pagar el impuesto.
Ozzi también exigió que las determinaciones individualizadas sobre residencias principales se hagan con la información fiscal más reciente disponible, análisis que regirá para el ejercicio fiscal en curso y los siguientes.
Los demandantes habían denunciado que la ciudad difundió en ese registro los nombres de los propietarios, las direcciones de sus casas y los valores de mercado de más de 900.000 propiedades que, en una primera aproximación, podrían quedar afectas al cargo. En su querella sostuvieron que solo 24.000 inmuebles de la ciudad cumplen con los umbrales de valor de mercado que exige el gravamen, en su mayoría primeras residencias, pero que las notificaciones llegaron a más del 70% de esas viviendas.
El denominado 'pied-à-terre' fue aprobado en mayo por los legisladores del estado de Nueva York y alcanza a inmuebles de una a tres familias tasados en cinco millones de dólares o más, además de cooperativas y condominios desde un millón de dólares.
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