Gobierno descarta los módulos para crimen organizado en la ampliación de Santiago Uno
La concesión de la cárcel Santiago Uno se relicitará sin las obras de alta y máxima seguridad anunciadas en 2024, mientras sigue la disputa judicial con la Municipalidad de Santiago.
El proyecto para construir módulos de alta y máxima seguridad para líderes del crimen organizado en el denominado Barrio Penitenciario, en el sector de Rondizzoni, quedará descartado por el gobierno. La concesión de la cárcel Santiago Uno se licitará, pero sin las obras de ampliación que alguna vez se pensaron para esos reclusos, según señalaron desde el Ministerio de Justicia.
La medida regirá mientras dure la disputa judicial con la Municipalidad de Santiago. Esa ofensiva municipal, encabezada por el alcalde Mario Desbordes, logró que el 17º Juzgado Civil de Santiago paralizara cualquier trámite respecto a la obra.
El anuncio original lo hizo el entonces presidente Gabriel Boric el 18 de julio de 2024 desde el Palacio de La Moneda, flanqueado por sus ministros, en medio de complejas semanas en materia de seguridad que concluyeron con el homicidio de cuatro adolescentes en Quilicura. "He instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad (...). Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas", dijo el mandatario en esa oportunidad.
El plan contemplaba levantar tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad como una ampliación de Santiago Uno, obras que se concretarían en la nueva concesión del recinto penal. El proyecto formaba parte de las 12 concesiones que el Ministerio de Obras Públicas debía concretar este 2026 mediante distintos llamados a licitaciones.
Sin embargo, siete de esas iniciativas serán postergadas, entre ellas la ampliación de Santiago Uno, por US$ 285 millones, según dio a conocer Diario Financiero. La licitación debía realizarse en mayo pasado.
Tras el cambio de gobierno, el proyecto contó con el apoyo de las autoridades de la administración del Presidente José Antonio Kast. En el municipio, la entonces alcaldesa Irací Hassler y su sucesor, Mario Desbordes, lideraron una férrea ofensiva contra la iniciativa.
Desde la Subsecretaría de Justicia señalaron que "todos los recintos penitenciarios con contratos vigentes se encuentran en proceso de relicitación". En el caso de Santiago Uno, la prórroga del contrato vigente vence el 8 de noviembre.
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