Fiscalía pide prisión preventiva para 20 imputados del PCC que operaban desde cárceles chilenas

La Fiscalía Metropolitana Sur pidió prisión preventiva para los 20 imputados vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil, en una audiencia de formalización que se extendía este sábado. Los cargos incluyen tráfico de drogas, robos a bancos y empresas de valores, y asociación ilícita y criminal.

Trece de los acusados ya cumplían prisión preventiva en distintas cárceles del país, pero, según el Ministerio Público, continuaban cometiendo delitos desde el interior de los penales. Los otros siete fueron capturados en el marco de la "Operación Sintonía", que contempló allanamientos simultáneos en 24 domicilios particulares y nueve centros penitenciarios, donde se incautaron armas, dinero en efectivo y drogas.

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, señaló que la organización brasileña opera en Chile desde 2019 y cuenta con más de 30 integrantes, detectados en cárceles desde Arica a Punta Arenas. El persecutor explicó además que todos los acusados fueron "bautizados" por la estructura criminal, proceso que exige una minuciosa investigación de antecedentes personales, familiares y penales, además de entrevistas con preguntas como si han matado por dinero.

Barros sostuvo que sería útil aprobar la ley que podría flexibilizar el levantamiento del secreto bancario para la Unidad de Análisis Financiero, y aseguró que "si queremos cortarle la cabeza a las organizaciones, la medida es necesaria".

El diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, valoró "muchísimo el trabajo de la Fiscalía y de las policías que han permitido identificar, detener y poner a disposición de la justicia a estos peligrosos delincuentes transnacionales". Añadió que el caso debe encender "una nueva luz de alerta de cómo el crimen organizado sigue avanzando en nuestro país" y llamó al Gobierno a legislar sin prejuicios respecto al levantamiento del secreto bancario, que calificó como la herramienta más eficiente para destruir el patrimonio de las bandas criminales.

El diputado Jaime Coloma (UDI) afirmó que "el PCC haya logrado instalarse en Chile es una alerta máxima" y puso el foco en los trece detenidos que ya estaban presos y seguían operando desde la cárcel. "Eso significa que nuestras cárceles no están cortando las órdenes hacia afuera. Por eso, necesitamos un régimen penitenciario estricto y especial para líderes criminales, aislarlos completamente", agregó.

El exministro del Interior del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, recordó el debate por la ley de inteligencia financiera y sostuvo que "es un error no otorgar rapidez al proyecto".