Argentina recurre al tribunal del mar por exploración británica en Malvinas Norte

El gobierno de Javier Milei presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos que el Reino Unido autorizó en la cuenca Malvinas Norte, donde se proyecta el desarrollo del yacimiento petrolero Sea Lion. La administración argentina sostiene que esas operaciones vulneran sus derechos soberanos sobre el área.

La acción judicial coincidió con la llegada del embajador británico en Chile, David Concar, a Punta Arenas. "Muy contento de visitar Magallanes, que ocupa un lugar especial en la relación entre el Reino Unido y Chile", escribió el diplomático al arribar a la región de Magallanes. En el mismo mensaje agregó que "nuestra historia compartida nos conecta desde hace generaciones, y hoy seguimos fortaleciendo esa colaboración para construir juntos el futuro".

La visita se produce mientras Punta Arenas impulsa la reactivación de una conexión marítima comercial directa con Puerto Stanley, la principal localidad de las Malvinas. El servicio sería operado por la empresa chilena Easter Island Naviera con la embarcación Danstar, cuyo viaje inaugural está previsto para mediados de noviembre.

La ruta busca ofrecer una alternativa a la conexión marítima regular que el archipiélago mantiene con Sudamérica a través de Montevideo, Uruguay. Desde Punta Arenas, los tiempos de navegación se reducirían y se podrían transportar alimentos, bebidas, materiales de construcción, repuestos y otros insumos para los residentes y las empresas de las islas.

El interés comercial quedó en evidencia a fines de septiembre, cuando representantes del sector público y privado de las Malvinas participaron en una rueda de negocios en Punta Arenas para explorar oportunidades de intercambio con empresas magallánicas. Las estimaciones municipales apuntan a operaciones por unos US$20 millones anuales.

Sectores argentinos han expresado reparos a la reactivación de la conexión, al considerar que podría facilitar el abastecimiento de un territorio cuya soberanía el país vecino disputa con Londres. Esas críticas se intensificaron en paralelo a las gestiones del gobierno de Milei para impedir la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago, que derivaron en el recurso presentado ante el tribunal internacional.