Hermosilla declara que Piñera ordenó coordinar defensas de autoridades imputadas y pagó en efectivo

El abogado Luis Hermosilla declaró ante la Fiscalía Regional de Valparaíso que la coordinación de las defensas penales de las más altas autoridades políticas del país surgió por instrucción del expresidente Sebastián Piñera, según consignó La Tercera. El exmandatario, sostuvo, quería estar informado al detalle del desarrollo de esos procesos y de las estrategias de los defensores.

En su relato, Hermosilla precisó que esa labor abarcaba las causas vinculadas al 18 de octubre y los procesos abiertos a raíz de la pandemia de Covid-19, y la distinguió de su rol como asesor externo a honorarios del Ministerio del Interior.

Sobre la remuneración, el abogado afirmó que Piñera decidió pagarles una cantidad que no recordó con exactitud, que pudo haber sido de 100 UF mensuales para Samuel Donoso y para él, es decir, 100 UF mensuales para cada uno.

Según su declaración, esos pagos se hacían en efectivo y se los entregaban indistintamente a Donoso o a él, tras lo cual cada uno hacía llegar al otro su parte. Normalmente, dijo, Samuel recibía el dinero y le entregaba la parte correspondiente, también en efectivo. Añadió que nunca se pagaron mediante transferencia bancaria o depósito y que, según su recuerdo, se acumulaban y se cancelaban de manera trimestral.

De acuerdo con su declaración, los montos los entregaba Benjamín Salas y, cuando Salas dejó el gobierno, los entregaba Andrés Sotomayor.

Hermosilla hizo referencia al grupo de abogados que se armó para asumir la defensa de las autoridades de gobierno que se transformaron en imputados en causas por derechos humanos derivadas del estallido social y por la pandemia del Covid-19, según fuentes que supieron de lo ocurrido.

Ese equipo es distinto del que en su momento fue apodado como los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis”. El origen de este otro grupo se remonta a después del estallido social del 18 de octubre, cuando la exministra Loreto Silva sugirió conformar un grupo de abogados que pudiera llevar causas vinculadas al orden público y, sobre todo, las querellas por la quema de estaciones del Metro.

Así se convocó a Jorge Bofill, Marcelo Sanfeliú, Gabriel Zaliasnik y Donoso. Ese grupo, junto con las causas por la quema del Metro, también llevó adelante la querella, por ejemplo, contra Dauno Tótoro o las acciones conocidas en aquella época como “el que baila pasa”. Sin embargo, los cuatro abogados, respecto de estas causas, ejercieron sus labores ad honorem, según el texto de La Tercera.