Corte de Apelaciones revoca orden del CPLT y mantiene en reserva los correos de Miguel Crispi
La Sexta Sala del tribunal capitalino acogió de forma unánime la reserva de las comunicaciones del exjefe de asesores de La Moneda, dejando sin efecto la decisión del Consejo para la…
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener bajo reserva los correos electrónicos de Miguel Crispi, exjefe de asesores de la Presidencia durante el gobierno de Gabriel Boric, revirtiendo así la orden que había impartido el Consejo para la Transparencia.
La determinación fue adoptada de manera unánime por la Sexta Sala del tribunal capitalino, que acogió el argumento de que las comunicaciones solicitadas están cubiertas por una causal de reserva o secreto y que su entrega vulneraría la garantía constitucional de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
El caso se originó a partir de una solicitud del periodista Joaquín Labbé, quien en ese momento se desempeñaba en TVN y hoy ocupa el cargo de jefe de prensa de la Subsecretaría del Delito.
Labbé pidió acceder a la copia o revisión integral de todos los correos de la casilla institucional de Crispi desde el 9 de septiembre de 2022.
En su fallo, la Corte sostuvo que la naturaleza privada de una comunicación deriva de la existencia de emisores y destinatarios determinados, de un canal de transmisión cerrado y de una expectativa razonable de reserva sobre su contenido, y precisó que el uso de infraestructura tecnológica estatal no altera necesariamente esa condición.
El tribunal agregó que la publicidad indiscriminada de la totalidad de los correos de una casilla institucional de un asesor presidencial afecta los derechos de las personas involucradas, en particular su vida privada y la inviolabilidad de sus comunicaciones.
La resolución también cuestionó la actuación del Consejo para la Transparencia, señalando que al ordenar la entrega general de los mensajes enviados y recibidos desde la casilla de Miguel Ernesto Crispi Serrano, sin acreditar su vinculación específica con actos, resoluciones o procedimientos administrativos determinados y sin ponderar suficientemente las garantías constitucionales comprometidas, el organismo incurrió en ilegalidad.
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