Fiscalía suma dos formalizados por cohecho en el Maule y la causa llega a 12 imputados
La directora de Obras de Longaví y un exarquitecto de la Junji quedaron en prisión preventiva tras presentarse voluntariamente en San Javier. El fiscal Patricio Caroca detalló pagos por…
Doce imputados acumula la investigación por fraude al fisco y cohecho que lleva la Fiscalía en la región del Maule, luego de que el Juzgado de Garantía de San Javier decretara prisión preventiva para la directora de Obras de la Municipalidad de Longaví y un exarquitecto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), encargado regional de proyectos.
Ambos se presentaron de manera voluntaria durante la mañana del miércoles ante el tribunal, después de haber estado prófugos, y fueron formalizados por los mismos delitos que se imputan al resto de los involucrados.
El fiscal Patricio Caroca expuso durante cerca de dos horas en la audiencia y sostuvo que los dos funcionarios formaban parte de una organización criminal que defraudaba al fisco en el Maule, recibiendo sobornos de la Constructora Pereira e Hijos Limitada a cambio de favorecer a esa firma en proyectos ejecutados con fondos públicos.
Según el persecutor, la directora de Obras de Longaví recibió más de 13 millones de pesos, en parte de forma directa y en parte a través de su madre, quien recibía los depósitos y usaba claves para solicitar el dinero. En el caso del exarquitecto de la Junji, el monto superó los 24 millones de pesos, triangulados mediante una amiga, además de otros fondos que percibía directamente.
Caroca añadió que los imputados usaban la palabra "asado" como clave para referirse al pago o a las transferencias de las coimas, y que cada "asado" equivalía a un millón de pesos.
Con estas dos formalizaciones, la causa alcanza 12 imputados. Diez ya habían sido formalizados por hechos similares y, a solicitud del Ministerio Público, permanecen privados de libertad: siete funcionarios públicos y tres empresarios.
Los primeros detenidos fueron arrestados la madrugada del lunes 5 de octubre en un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Brigada de Delitos Económicos Linares de la Policía de Investigaciones, denominado operación Castillo de Naipes. La investigación abarca a dos empresas constructoras y a funcionarios del Gobierno Regional del Maule y de municipios de la zona, entre ellos San Javier, Colbún y Villa Alegre.
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