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Auditoría de Contraloría expone irregularidades masivas en ProEmpleo del Biobío
El informe detectó 1.044 beneficiarios que no cumplían los requisitos del programa, además de conflictos de interés y falta de idoneidad psicológica. La Delegación Presidencial tiene 15…
Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que 1.044 beneficiarios del programa ProEmpleo en la Región del Biobío no reunían los requisitos exigidos por la ley para participar en la iniciativa.
El informe también identificó conflictos de interés, contrataciones irregulares y falta de idoneidad psicológica en labores sensibles.
El organismo fiscalizador constató que algunos beneficiarios recibían rentas u honorarios de otras entidades en paralelo, tenían más de un empleador al mismo tiempo o percibían pensiones por sobre los umbrales legales permitidos.
En materia de conflictos de interés, el informe detectó que 343 personas contratadas mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales que ya formaban parte de los programas ProEmpleo.
Otras 116 presentaban lazos de parentesco con entidades privadas encargadas de ejecutar los fondos estatales.
La auditoría también consignó que 813 beneficiarios fueron asignados a recintos educacionales sin contar con la idoneidad psicológica requerida para desempeñarse en esos entornos. A ello se suman cerca de 1.700 personas bajo esquemas de flexibilidad horaria sin mecanismos claros de fiscalización, nueve casos de beneficiarios que salieron del país mientras tenían licencia médica y trabajadores ausentes de sus funciones sin justificación documentada.
El delegado presidencial en el Biobío, Julio Anativia, señaló que se trata de un informe de hace dos años que permite adoptar medidas. La autoridad regional afirmó que la situación se ha ido abordando desde que asumieron y que la emisión de este reciente informe permitirá adoptar todas las medidas en los casos auditados.
Anativia precisó que aquellos casos que no se ajusten a la legalidad serán debidamente sumariados, en caso de que amerite, y se aplicarán todas las medidas que Contraloría recomiende.
El senador por la zona Gastón Saavedra (PS) respaldó las acciones disciplinarias y sostuvo que esto permitirá que se resuelva en la Justicia y no haya dudas de la transparencia y honestidad del uso de estos recursos públicos.
El parlamentario agregó que esto beneficiará a quienes cumplan fehacientemente con los requisitos para ser parte de ProEmpleo en la región.
La Contraloría fijó un plazo de 15 días hábiles para que la Delegación Presidencial Regional inicie los sumarios pertinentes. En paralelo, el organismo derivó los antecedentes al Ministerio Público para que determine si las irregularidades configuran delitos de carácter penal.
Redacción propia a partir de información de Cooperativa. Si encuentras un error, avísanos y lo corregimos.
