Partidos ya constituidos afrontan cuenta regresiva de 18 meses para no perder su legalidad
El Congreso despachó la reforma al sistema político. Las colectividades deberán reunir el 50% de las firmas exigidas para constituirse y siete de ellas están bajo el nuevo piso de…
La reforma al sistema político quedó despachada a ley. La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta, luego de que el Senado ya lo había ratificado, y el texto pasó a promulgación.
La modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos establece que una colectividad nueva existirá legalmente si se constituye en al menos ocho regiones del país y reúne la firma de un 0,3% del padrón electoral definitivo de la última elección de diputados.
Para los partidos que ya están constituidos, la exigencia es distinta: tendrán 18 meses para alcanzar la cifra mínima de afiliados que les permita mantener su legalidad, equivalente al 50% de las firmas requeridas para constituirse. Si no lo logran, el Servicio Electoral puede ampliar ese periodo, aunque las tiendas arriesgan dejar de existir en las regiones donde no alcancen la meta.
Esa carrera ya muestra posiciones dispares. Según datos del Servel al 31 de julio, el Partido Liberal, Evópoli, el Partido Radical, el PPD, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido Republicano y la Democracia Cristiana se encuentran bajo el nuevo piso en la Región Metropolitana, donde el umbral de permanencia roza los 9 mil afiliados.
El texto también modifica las leyes orgánicas de votaciones populares y escrutinios, de municipalidades y de gobierno regional en materia de candidaturas independientes, cuyas exigencias de inscripción quedan limitadas al 50% de las listas parlamentarias.
En la Comisión Mixta se resolvió una divergencia sobre el contenido de las declaraciones de principios. Cada partido deberá condenar el establecimiento de sistemas totalitarios y el uso de la violencia como método de acción política, además de afirmar su compromiso con la probidad y la transparencia de la actividad política.
Una vez promulgada la ley, las colectividades dispondrán de seis meses para adecuar sus declaraciones de principios a los nuevos requisitos.
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