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Operación Apocalipsis II: detienen a exdirigente de Gendarmería por cohecho, lavado y apremios ilegítimos
La Fiscalía realizó 14 allanamientos en cuatro regiones y detuvo a tres nuevos implicados, entre ellos Álex Vega, exdirigente de la extinta Anfup, quien será formalizado por cohecho…
El Ministerio Público reactivó la arremetida contra la corrupción al interior de las cárceles con un nuevo despliegue de la operación Apocalipsis II. Este miércoles se concretaron órdenes de entrada y registro en 14 domicilios de la Región Metropolitana, el Maule, Biobío y Magallanes, y se detuvo a tres nuevos implicados, entre ellos el exgendarme y exdirigente de la extinta Anfup, Álex Vega.
El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, explicó que la investigación se enmarca en el foco penitenciario que la Fiscalía Nacional activó en 2024 para perseguir el crimen organizado y la corrupción en los recintos penales. En diciembre del año pasado, la operación Apocalipsis derivó en la detención de 70 personas, 44 de ellas funcionarios de Gendarmería, por delitos de cohecho, soborno, lavado de activos y asociación ilícita ocurridos entre 2020 y 2025.
Según lo expuesto por Pastén, la causa ha demostrado que la asociación criminal se amparaba en una asociación de funcionarios. El persecutor anticipó que en la formalización se presentarán antecedentes sobre fraudes cometidos para asegurar reelecciones, falsificación material de instrumentos para falsificar votos y firmas, y la sustracción de urnas con votos, con el fin de mantener a Vega como dirigente sindical y desde ese cargo dar protección a quienes cometían los delitos ya formalizados.
En la audiencia también se expondrán antecedentes que vinculan a Vega con un delito de 2018, por la aplicación de apremios ilegítimos a un interno que falleció producto de los mismos.
La fiscal Tania Mora precisó que los detenidos en esta jornada serán encausados por cohecho agravado y lavado de activos, a partir de las ganancias obtenidas de los delitos. La investigación continúa dentro del plazo concedido por el tribunal, luego de que los primeros allanamientos permitieran establecer que en el CDP Santiago 1 y en el CPF Santiago de San Joaquín operaban grupos criminales que sobornaban a funcionarios públicos para ingresar elementos prohibidos y permitir el acceso irregular de personas ajenas a los recintos, simulando ser visitas enroladas.
Redacción propia a partir de información de La Tercera. Si encuentras un error, avísanos y lo corregimos.
