Defensoría de la Niñez cifra en 28 las condenas por vulneraciones a menores desde el estallido social
Un informe del organismo revisa 2.320 relaciones procesales abiertas tras octubre de 2019 y advierte que el 94% de ellas ya concluyó, pero solo 28 terminaron con una sentencia condenatoria.
Solo 28 de las causas por vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social de octubre de 2019 llegaron a sentencia condenatoria. Así lo establece un informe de la Defensoría de la Niñez que revisa el estado de las investigaciones judiciales desde entonces.
El documento contabiliza 2.320 relaciones procesales, de las cuales 2.184 ya están concluidas, el 94% del total. De ese grupo, apenas 28 terminaron con una condena, equivalentes al 1,3% de los casos cerrados.
Las cifras de cierre muestran que 1.061 relaciones procesales finalizaron por archivo provisional y 434 mediante una decisión de no perseverar. Para la Defensoría, esos antecedentes reflejan las dificultades para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, afirmó que "a siete años del estallido social, el Estado sigue teniendo obligaciones pendientes con los niños, niñas y adolescentes que sufrieron vulneraciones de sus derechos". El organismo sostiene que una parte relevante de las investigaciones terminó sin sentencia judicial y que persisten situaciones que requieren atención en los procedimientos policiales actuales.
El informe también analiza el escenario reciente. A partir de antecedentes del Ministerio Público, la Defensoría contabilizó 525 menores registrados como víctimas de presuntos delitos asociados a violencia institucional entre enero y septiembre de 2026, cifra que equivale al 97% de lo registrado en todo 2025. La institución precisó que ambos períodos no son directamente comparables.
En la observación de procedimientos policiales, especialmente durante movilizaciones estudiantiles, el organismo identificó cuestionamientos a la fundamentación de controles de identidad investigativos, denuncias de uso excesivo de la fuerza durante detenciones y dificultades para que los adolescentes comprendan sus derechos. A ello se suman problemas de acceso oportuno a defensa penal especializada y demoras en las instrucciones del Ministerio Público a las policías, que pueden prolongar la permanencia de adolescentes en recintos policiales.
El documento también reconoce prácticas favorables de protección observadas en la 48ª Comisaría de Asuntos de la Familia e Infancia de Carabineros, y subraya la importancia de fortalecer y extender los procedimientos que resguardan los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, la Defensoría planteó la necesidad de examinar la aplicación de la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza.
Redacción propia a partir de información de La Tercera. Si encuentras un error, avísanos y lo corregimos.
